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El PSOE recurre ante los tribunales la privatización de Aserpinto

9 Nov
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Pinto ha presentado, en el día de hoy, un Recurso Contencioso-Administrativo Ordinario contra la privatización de Aserpinto. En dicho recurso se solicita la suspensión del procedimiento.

El día 18 de septiembre, el Partido Popular, presentaba y aprobaba en Sesión Plenaria Extraordinaria el procedimiento de adjudicación de la Concesión Administrativa de la gestión de los servicios de Limpieza Viaria, Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes del Municipio de Pinto.

Este acuerdo podría vulnerar el ordenamiento jurídico aplicable al no establecerse el presupuesto base de licitación o éste no ser adecuado (Artículos 88.2, 88.5 y 87 del Real Decreto Ley 3/2011), al no existir motivación que justifique la privatización (Artículo 54 de la Ley 30/1992) y al  existir sólo un informe técnico económico, difuso e inconcreto, realizado por una empresa externa.

Con carácter previo y como medida cautelar, el Grupo Municipal Socialista solicita la suspensión del procedimiento de licitación, al entender que de continuar con el mismo,  se podrían provocar daños de difícil o imposible reparación para las partes implicadas.

En el citado recurso se justifica que ante un contrato con una duración de 10 años, y con una posible prórroga de 5 años más, de continuarse con el procedimiento, y en el supuesto de que el Juzgado estimase que el mismo es contrario al ordenamiento jurídico, se habrían creado una serie expectativas entre todos los miembros implicados que podrían derivar en una importante indemnización del Ayuntamiento hacia la empresa que hubiese resultado adjudicataria.

Además, en el Pliego de Condiciones  no se establece ninguna condición adicional a la subrogación de los 178 trabajadores pertenecientes a la Empresa Municipal Aserpinto, permitiendo a la empresa adjudicataria realizar cambios sustanciales en las condiciones laborales; cambios estos, que ante una posible sentencia en la que se decretara la ilegalidad del procedimiento podrían provocar daños de imposible reparación en la esfera personal y profesional de los mismos.